Día de publicación: 2022-08-16
Por: Karla Montaño
El operativo fue impresionante, tanto que se pensaba que por fin el gobierno había decidido liberar las playas cerradas por particulares para garantizar acceso como lo ordena la constitución mexicana.
Pero no fue así, la presencia de la Guardia Nacional, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Marina, la Policía Municipal en Los Algodones de San Carlos fue para desalojar a cuatro vendedores instalados sin permiso federal que han tramitado en varias ocasiones y se les ha negado.
Unos 50 elementos de todas las corporaciones civiles y militares desmantelaron los puestos y decomisaron todo como parte de un proceso por una denuncia por operar sin permiso. Cuando se trata de aplicar la Ley no se puede ni se debe cuestionar a la autoridad, tal vez las formas, pero el fondo es correcto, esas acciones se basan en la normatividad vigente que debe atenderse para evitar líos con la autoridad.
Ojalá que esa misma organización y eficacia la hubiera tenido la autoridad cuando particulares dañaron flora y fauna en ese mismo balneario para construir un proyecto que no tarda en consolidarse.
Ojalá los militares y los policías hubieran aprovechado su presencia para detener a quienes imponen un cobro por acceder a playas, a concesionarios que tienen años sin pagar, a aquellos que construyeron donde está prohibido, a los que se quedaron con terrenos federales y no tienen respaldo legal.
No lo hicieron y después de cumplir la diligencia al menos se espera que ese proceso sea el inicio de un verdadero ordenamiento en zona federal que no esté dirigido solo a los vendedores que no pueden defenderse, sino que busque garantizar la correcta operación de las concesiones y que el gobierno garantice uso adecuado de las playas que son de todas y todos los mexicanos.
