Día de publicación: 2022-07-11
Por: Karla Montaño
Si el poder judicial sigue al margen del esfuerzo colectivo por recuperar la paz no se va a poder avanzar en la estrategia de seguridad.
De por sí al gobierno le ha costado vidas, dinero, tiempo y muchos, pero muchos errores al intentar mover el sistema de justicia desde el rubro de la prevención hasta el combate de criminales y encima debe lidiar con el poder judicial y sus formas tan poco ortodoxas de interpretar y aplicar la Ley.
Eso no es nuevo, en el viejo sistema la principal crítica era la cantidad de detenciones, consignaciones contra las pocas sentencias condenatorias que se reflejaban en la estadística por eso en 2012 inició el cambio estructural de las instituciones para promover un nuevo sistema de justicia, el acusatorio, que tiene como base la presunción de inocencia como también la reparación de daño y el reconocimiento a los derechos de las víctimas.
En mayo de 2016, los juicios orales entraron en vigor en Sonora con un buen inicio que se diluyó con el tiempo por la fragilidad de corporaciones Investigadoras y policíacas fue cuando se comenzó a gestar la estrategia de seguridad basada en la participación de militares.
En 2019 el ahora gobernador Alfonso Durazo implementó las acciones novedosas que generaron escepticismo de muchos por el temor de la militarización de la seguridad, el tema no llegó a tal grado y hoy se ve a diferentes corporaciones que intentan salir adelante con una encomienda difícil, la de devolverle la tranquilidad a Sonora.
En Guaymas y Empalme civiles y marinos han fallado como han sumado aciertos, pocos para revertir la situación de riesgo pero suficientes como para que ya se notara cierto cambio en las calles y se reflejara en estadísticas pero eso no pasa.
Y es que de las detenciones y turnaciones por delitos de alto impacto hay pocas que llegan a sentencias condenatorias a pesar de las pruebas y de un trabajo previo y el mejor ejemplo es el caso de Andrea Carolina con un juez que posterga la comparecencia final como si se negara a emitir una resolución.
Luego está el fuero federal y ahí es más difícil todavía porque los procesos son mínimos y cuando se llegan a dar suelen tener un resultado que no satisface a las autoridades ejecutivas y menos a las víctimas.
Hay casos recientes que así lo demuestran con los que se hace necesario un replanteamiento del sistema judicial en el país porque ya se sabe de la autonomía de jueces y de que es un poder distinto al que no se le puede involucrar en una estrategia del poder ejecutivo pero tampoco puede mantenerse al margen de la exigencia y del reclamo popular como si su función fuera otra y no, la labor de jueces está clara: fueron llamados para impartir la Ley y en varias circunstancias no parece que lo hagan.
Sin dejar de señalar las deficiencias del corporaciones policiacas civiles y de los marinos, la falla principal y en la que deben trabajar los gobernantes y miembros de la mesa de seguridad está en los juzgados, donde hay inocentes presos y hay culpables libres o que evaden sentencias y eso decepciona.
Por ello resulta oportuno que además de promover cambios y mejoras en la estrategia de vigilancia, se haga un llamado al poder judicial para que atienda el sentir popular y se apegue a derecho, no solo por el respeto a procesados que se presume su inocencia, sino el apoyo a una sociedad harta de violencia que pide y merece vivir en paz
