Día de publicación: 2024-05-10
Por: Feliciano J. Espriella
En relación a los programas y políticas sociales, lo importante no es tanto si se aplican o no, lo verdaderamente importantes es que se les de un tratamiento con auténtico enfoque de justicia social.
Tétrico futuro para programas sociales con el Prian
Quiero en esta entrega hacer un análisis sobre cuál podría ser el comportamiento relativo a los programas sociales en el caso (afortunadamente muy poco probable) de que Lady X ganara la elección y regresaran a gobernar el país los corruptos partidos de la coalición propiedad de Claudioequis.
Lo haré tomando de ejemplo las pensiones a adultos mayores, basándome en los ordenamientos legales plasmados en la Constitución y la manera en que los neoliberales han manejado todo lo relacionado con programas similares, así como sus criterios de ajuste tradicionales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este programa de pensión en 2001, cuando era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal. En 2007, el gobierno federal de ese tiempo retomó el programa, pero con restricciones para pensionados y jubilados, a diferencia de hoy que es universal.
Los adultos mayores a partir de entonces empezaron a recibir una pensión bimestral de 1,160 pesos que permaneció sin modificación alguna hasta la expulsión de los neoliberales del poder.
En 2019 nació la pensión para personas mayores de 68 años y de 65 que habitan en comunidades indígenas, incluyendo pensionados y jubilados. Se convirtió en universal y con ello se evita que pueda ser usada con propósitos clientelares. Y aumentó a 2 mil 550 pesos, es decir, un aumento de 1 mil 390 pesos.
A partir del 13 de enero de 2019 se activó esta pensión y su operación quedó a cargo de la Secretaría de Bienestar. Con esta pensión se amplió el número de personas adultas mayores beneficiadas a 8.5 millones.
El 8 de mayo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 4o. de la Constitución, que eleva a rango constitucional el derecho a la pensión no contributiva para las personas adultas mayores.
Con esta reforma, se contribuyó a proteger el bienestar de las personas adultas mayores, ya que ahora es la obligación del Estado garantizar el ejercicio pleno de esos derechos establecidos en la Carta Magna.
A partir de agosto de 2021, en cumplimiento a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se redujo la edad para recibir la pensión; es entonces que dio inicio el registro de las personas de 65 años cumplidos en adelante, sin distinción en todo el país, para que también pudieran recibir esta pensión.
Es así como el padrón de derechohabientes de esta pensión creció a 10 millones de personas adultas mayores que gozan ya y ejercen este derecho constitucional. En 2022 aumentó a 3 mil 850 pesos bimestrales. En tanto, para 2023 y 2024 se incrementó en 20 y 25 por ciento, llegando a 4,800 y 6,000 pesos en cada año respectivamente.
Ahora bien, en el actual proceso electoral, la candidata del Prian, Xóchitl Gálvez, con evidentes propósitos electoreros se ha venido colgando de los programas sociales y, en contraposición con los postulados ideológicos de Acción Nacional, que es de donde proviene aunque no se haya afiliado, los ha tomado como bandera pregonando en cuanto foro se ha presentado que si gana la elección no se eliminarán.
Lo anterior es verdad, puesto que por haberlos elevado a rango constitucional le sería imposible, aunque así lo quisiera toda la plana mayor del prianismo. Tendría que reformar la Constitución y no cuentan con los elementos suficientes.
Sintetizando, a querer y sin ganas, los programas sociales se quedan les guste a los prianistas o no. Pero hay algo que es muy probable que suceda, dados los antecedentes históricos sobre todo en materia de ajustes salariales que existen de los gobiernos tanto panistas como priístas, y es nada menos que los ajustes al alza, los cuales constitucionalmente deben ser superiores a la inflación del año anterior, serían pichicatos o si se quiere más claridad, miserables.
¿Cuáles habrían sido los incrementos si el PRI o el PAN hubieran gobernado los seis años anteriores y existiera la obligación de incrementarlos con base en la inflación? No tengo la menor duda: habrían utilizado los parámetros de incrementos que implementaron durante 36 años.
Calcularé cómo hubiera sido el comportamiento de las pensiones para adultos mayores en este sexenio con base a lo anterior, partiendo de 1,160 pesos bimestrales e incrementos anuales de acuerdo a los niveles de inflación que se registraron:
Inflación 2018: 4.83%; pensión 2019: 1,216 pesos Real con la 4T: 2,550 pesos
Inflación 2019: 2.83%; pensión 2020: 1,250 pesos Real con la 4T: 2,700 pesos
Inflación 2020: 3.15%; pensión 2021: 1,289 pesos Real con la 4T: 3,100 pesos
Inflación 2021: 7.36%; pensión 2022: 1,384 pesos Real con la 4T: 3,850 pesos
Inflación 2022: 7.82%; pensión 2023: 1,492 pesos Real con la 4T: 4,800 pesos
Inflación 2023: 4.66%; pensión 2024: 1,562 pesos Real con la 4T: 6,000 pesos
Y en cuanto al salario mínimo que en 2018 fue de 2,650 pesos mensuales, de haber seguido incrementándose con los parámetros utilizados los 36 años anteriores, este año sería de 3,570 pesos mensuales y no 7,468.90 como el que está en vigor y, mucho menos, el de la frontera norte ascendería a 11,246.70 pesos mensuales
En relación a los programas y políticas sociales, lo importante no es tanto si se aplican o no, lo verdaderamente importantes es que se les de un tratamiento con auténtico enfoque de justicia social.
El PAN y el PRI, las han aplicado tradicionalmente privilegiando el capital y la empresa, en tanto la 4T, como se ha demostrado ampliamente en este sexenio, se aplican buscando equilibrios en los que se priorice la justicia social.
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